Alcances de la Ley del Lobby

1.- ¿Qué es el lobby?

Es aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos que se indican en la misma ley. El lobby, en definitiva, promueve ante las autoridades, la defensa de intereses particulares (que la misma ley define) para influir en la toma de decisiones públicas. La misma ley indica: "el lobby incluye los esfuerzos específicos para influir en el proceso de toma de decisiones públicas y cambios en las políticas, planes o programas, en discusión o en desarrollo, o sobre cualquier medida implementada o materia que deba ser resuelta por el funcionario, la autoridad o el organismo público. La gestión de intereses particulares es lo mismo que el lobby, pero sin que medie remuneración para quien ejerce esta actividad.


2.- ¿Qué regula específicamente la ley del lobby?

No regula exhaustivamente la actividad, sino que regula su publicidad (tanto del lobby como de la gestión de intereses particulares), con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado. Se pone una lupa sobre las actividades de lobby que se ejerce respecto de las autoridades, sobre los regalos o donaciones que recibe la autoridad o sobre los viajes que realiza, todo ello con ocasión del ejercicio de sus funciones públicas.


3.- ¿Quién puede ser lobbista?

Cualquier persona natural o jurídica, chilena o extranjera, remunerada, que realiza actividad de lobby.


4.- ¿Existe un registro de lobbistas?

Si existe, pero no es obligatoria la inscripción en él. Es decir, quien ejerce lobby no necesariamente deberá estar inscrito en él para considerarse como tal. La ley establece un registro y la inscripción opera de dos formas: (1) quien no ha ejercido nunca lobby y no se ha reunido con ninguna autoridad, para tal efecto se inscribe en el registro si así lo desea. Por ende, no es obligatorio; (2) sin embargo, quien ya se ha reunido con la autoridad con fines de lobby queda automáticamente incorporado al registro. La información que deberá entregarse por parte del lobbista para que opere la inscripción es regulada específicamente por el reglamento de la ley.


5.- ¿Quiénes pueden ser sujetos pasivos (o sobre quiénes puede recaer el lobby)?

La generalidad de las autoridades, a saber: los ministros, subsecretarios, jefes de servicios, los directores regionales de los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores. También pueden serlo los jefes de gabinete de las personas autoridades señaladas, si los tuvieren, y una categoría general que incluye a "las personas que, en razón de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban por ello regularmente una remuneración. Estas últimas son designadas por el jefe del servicio anualmente a través del procedimiento que establece la ley. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona puede solicitar que se incluyan como sujetos pasivos a otros funcionarios que la autoridad no designó anualmente y que se considere que sí caen en dicha categoría.
La ley también menciona específicamente a otras autoridades, entre ellas: a) autoridades de la administración local y regional (p. ej. Intendentes, consejeros regionales, alcaldes y concejales); b) autoridades de organismos como el Banco Central, Ministerio Público, Contraloría General de la República; c) autoridades de las FF.AA., Carabineros e Investigaciones; d) Parlamentarios; e) Consejeros de órganos colegiados como CPLT, CDE, DNSC o Servicio Electoral e) Autoridades de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (es la corporación que, como su nombre lo indica, administra el Poder Judicial). Aquí no se incluye a los jueces, porque sus deberes están específicamente regulados en el Código Orgánico de Tribunales.


6.- ¿Sobre qué decisiones puede ejercerse el lobby?

Las menciona expresamente la ley en su artículo 5°. Por ejemplo, la elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes, como también de las decisiones que adopten los sujetos pasivos. La misma ley especifica qué actuaciones no constituyen lobby y que, por lo tanto, quedan fuera del ámbito de la ley (artículo 6°). Por ejemplo, los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y los que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones.


7.- ¿Cuáles son las obligaciones que la ley del lobby impone a las autoridades que considera sujetos pasivos?

Las obligaciones se traducen fundamentalmente (1) en la elaboración de los denominados "registros de agenda pública" de cada sujeto pasivo; y (2) su posterior publicación en la página web de los organismos públicos.


8.- ¿Qué son estos registros de agenda pública?

Como lo indica su nombre son registros que contienen las actividades que realizan los sujetos pasivos en tres áreas:
(a) Reuniones o Audiencias: las audiencias y reuniones sostenidas por los sujetos pasivos y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que señala la ley. Estos registros deben contener información asociada a la reunión o audiencia, tales como: quién la pidió; quién asistió; a quién representa; con qué objeto; qué se trató, lugar y fecha de realización. Parte de este información la proporciona el particular y la otra es la autoridad quien la define (especialmente lo que se abordó en la reunión);
(b) Viajes realizados: se refiere a los viajes realizados en el ejercicio de sus funciones, debiendo publicarse en dicho registro el destino del viaje, su objeto, el costo total y la persona jurídica o natural que lo financió;
(c) Donativos oficiales y protocolares que reciben: incluye también aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación, con ocasión del ejercicio de sus funciones. En dichos registros deberá singularizarse el regalo o donativo recibido, la fecha y ocasión de su recepción y la individualización de la persona natural o jurídica de la cual procede.


9.- ¿Cómo se publican estos registros?

Se publican en la página web de cada organismo como un ítem de transparencia activa (un nuevo ítem). Al Consejo para la Transparencia únicamente le corresponde fiscalizar que éstos se encuentren publicados, no así que la información contenida en ellos sea verídica. Esto último corresponde controlarlo a otras autoridades como la Contraloría General de la República o la autoridad de quien dependa el sujeto pasivo de que se trate.
Además, estos organismos deben enviar al CPLT información que permita a éste elaborar una sistematización trimestral sobre las reuniones o actividad de lobby en que se han visto envueltos los sujetos pasivos. El Consejo, por lo tanto, desempeña una función de sistematización que facilita el control de la información. Para ello el CPLT operará un portal del lobby.
Esto rige respecto de la generalidad de los organismos. Sin embargo, tratándose de aquellos que gozan de autonomía constitucional —como el Banco Central o la Contraloría General de la República—, deben celebrar convenios con el CPLT para efectos de cumplir con estas funciones de transparencia activa.


10.- ¿Cuáles son los roles específicos que corresponden al CPLT?

En su rol de consolidar y sistematizar la información, conforme a las atribuciones que le otorga la ley, el Consejo para la Transparencia construirá una plataforma electrónica donde se dispongan para la ciudadanía los registros de agenda pública de todos los órganos públicos, la que servirá como una suerte de repositorio general, que permitirá el acceso a la información de las agendas de los organismos de forma fácil y expedita.
A su vez, en esa misma plataforma se dispondrá la nómina sistematizada trimestral de las personas que en ese tiempo han desarrollado actividad de lobby o de gestión de intereses particulares ante los organismos públicos o sus sujetos pasivos.


11.- Quienes ejercen lobby, ¿tienen algún deber?

Sí, deben cumplir con determinadas obligaciones que les impone la ley, a saber:
(a) Proporcionar de manera oportuna y veraz a las autoridades y funcionarios respectivos, la información señalada en esta ley, cuando ésta les sea requerida, tanto para solicitar audiencias o reuniones, como para efectos de su publicación;
(b) Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia, el nombre de las personas a quienes representan, en su caso;
(c) Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia, si reciben una remuneración por las gestiones;
(d) Proporcionar, en el caso de las personas jurídicas, la información que se les solicite respecto de su estructura y conformación, sin que en caso alguno les sea obligatorio suministrar información confidencial o estratégica;
(e) Deberán informar a sus clientes o representados de las obligaciones anteriores que deben cumplir.


12.- ¿Cómo proporcionan esta información los lobbistas?

La información será solicitada a través de un formulario que, para estos efectos, elaborará el Ministerio Secretaría General de la Presidencia respecto de los sujetos pasivos. Sin embargo, tratándose de aquellos que gozan de autonomía constitucional (como el Banco Central y la Contraloría General de la República), el organismo a cargo de cada registro es quien deberá proporcionar estos formularios.


13. En caso de incumplimiento de parte de los lobbistas, ¿hay alguna sanción?

Sí. La omisión inexcusable de la información requerida o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, por parte de las personas señaladas en dicho inciso, será penada con la multa de 10 a 50 UTM.


14.- ¿Qué ocurre si la autoridad no cumple con los deberes que le impone la ley sobre elaboración y publicación de registros?

La infracción de las normas de esta ley hará incurrir a los sujetos pasivos en responsabilidad y traerá consigo sanciones.


15.- ¿Quién aplica estas sanciones?

Ello dependerá del sujeto pasivo, debiendo aplicarse las siguientes distinciones:
(a) Tratándose de funcionarios que se desempeñen en el Congreso Nacional (p. ej. parlamentarios o asesores parlamentarios), la sanción la aplica la Comisión de Etica y Transparencia Parlamentaria;
(b) Tratándose de autoridades del B. Central (p. ej. consejeros o presidente), la sanción la aplica el Consejo del Banco Central;
(c) Tratándose de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Consejo Superior;
(d) Tratándose del Ministerio Público, el Fiscal Nacional;
(e) Tratándose del resto de los funcionarios, el procedimiento lo aplica la Contraloría General de la República, quien propone la sanción al jefe superior del servicio quien debe aplicarla. En caso que el sujeto involucrado sea el jefe superior del servicio, la sanción la aplica quien lo nombró.


16.- ¿Cómo se aplican estas sanciones?

La misma ley se encarga de señalarlo. Así, por ejemplo, en caso que la sanción la aplique la Contraloría se establece un procedimiento breve que contempla la posibilidad de defensa para el sujeto pasivo, y cuya resolución es reclamable ante la Corte de Apelaciones. En los otros casos, la ley indica el procedimiento aplicable, remitiéndose a lo establecido en leyes especiales. No obstante, la ley garantiza la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva por lo resuelto.


17. ¿En qué consiste la sanción?

Es fundamentalmente monetaria y dependerá del tipo de infracción, ya sea si se trata de una simple omisión (olvido o simple negligencia) o si es una omisión con suma negligencia o deliberada (omisión maliciosa). Así, en caso de simple omisión o incumplimiento de publicar, la sanción va de diez a treinta UTM. En el caso de una omisión inexcusable de la información —que, conforme a esta ley y su reglamento, debe incorporarse en alguno de los registros— o de la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, se sancionará con una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.


18.- ¿Hay otras consecuencias?

Sí. Primero, la sanción debe publicarse en el sitio web del organismo y mantenerse por tres meses desde que la sanción quedo ejecutoriada. Es decir, hay un mecanismo de publicidad. En caso de reincidencia, la ley señala que se considerará como infracción grave a la probidad.


19. ¿Qué ocurre si hay envuelto un delito?

La ley señala que si durante el curso de la investigación o sumario administrativos, el investigador o fiscal, según corresponda, conoce de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de delito, estará obligado a hacer la denuncia respectiva al Ministerio Público.

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